La participación activa de la sociedad civil, en particular respecto de la evaluación, seguimiento y control de las políticas públicas implementadas por la Administración

(…) 

a) Una conducta ética y proactiva de parte de la ciudadanía (como agentes evaluadores y fiscalizadores) y de las autoridades y funcionarios públicos.

b) La regulación de “Códigos” de comportamientos éticos, tanto explícitos como implícitos, respecto de la diligencia, eficiencia y actitud con la que se asume la gestión pública.

c)  Un sistema de información que suministre datos entendibles, asequibles y transparentes que permitan a los ciudadanos (en general) identificar los beneficios sociales, financieros y políticos de una acción de la Administración.

d) Una capacidad de liderazgo natural en las autoridades y funcionarios públicos para la ejecución de programas de información y rendición de cuentas periódicos y pormenorizados.

e) Una actitud y conciencia cívico-ciudadana de parte de la población para el seguimiento de las acciones de la Administración Pública en general, a efectos de no solo fiscalizar, sino también de aportar mecanismos y procedimientos novedosos que coadyuven a la mejora en la prestación de servicios públicos. 

      Fragmento extraído del comentario al artículo 31 de la Constitución Política del Perú. Manuel Bermúdez Tapia.  La Constitución Comentada. Tomo I. Gaceta Jurídica.