Comentarios a la Ley N° 29988

Mediante la Ley  N° 29988, se crea el “Registro de condenados y/o sentenciados por los delitos de terrorismo, apología al terrorismo, violación sexual y tráfico ilícito de drogas”, también se establece la separación definitiva del personal administrativo y docente que tenga una sentencia ejecutoriada por los mencionados delitos, de las entidades privadas y públicas dedicadas a la educación, capacitación, formación, resocialización o rehabilitación. Y se dispone la modificación de los artículos 36 y 38 del Código Penal, disponiéndose como pena accesoria la inhabilitación perpetua de los servidores públicos condenados por los referidos tipos penales. 

Es evidente el trato diferenciado que la Ley N° 29988 otorga a los sentenciados por los delitos de terrorismo, apología al terrorismo, violación sexual y tráfico ilícito de drogas. La Ley en mención busca regular dos aspectos centrales: 1) Establecer medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones públicas y privadas que hayan estado implicados en los referidos delitos y 2) La creación del registro de personas condenadas o procesadas por los delitos mencionados.

El Ministerio de Educación será el encargado de supervisar e informar de la situación jurídica de  su plana docente, y de incumplir con esta disposición será considerado como falta grave, y la institución educativa se hará merecedora de una sanción. Para el caso de las universidades públicas o privadas, será La Asamblea Nacional de Rectores la encargada de la supervisión. 

La restricción al derecho al trabajo; el atentar contra el carácter resocializador, rehabilitador y reeducador del sistema penitenciario; la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, y al derecho a la presunción de inocencia, pues el mencionado registro incluye también a los que se encuentran procesados. Son algunas de las razones por la cual esta Ley, a nuestra opinión, debe ser declarada inconstitucional.

El artículo 2, numeral 15 de nuestra Constitución Política, establece que toda persona tiene derecho a “trabajar libremente, con sujeción a la ley”. El artículo 139, numeral 2, de nuestra Carta Magna señala que “(…) el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”. 

El TC ha establecido que: “Este Colegiado considera que detrás de las exigencias de ‘reeducación’, ‘rehabilitación’ y ‘reincorporación’ como fines del régimen penitenciario, también se encuentra necesariamente una concreción del principio de dignidad de  la persona (artículo 1 de la Constitución) y, por tanto, este constituye un límite para  el legislador penal”  

De lo anteriormente señalado se infiere que el carácter rehabilitador, resocializador y reeducador de la pena debe apuntar, por lo tanto, a que el interno se incorpore a la sociedad y maneje responsablemente su libertad. De ahí que la creación del Registro que propone la Ley N° 29988 es  inconstitucional. 

Artículo basado en “La Ley sin objeto: Un análisis de la Ley N° 29988”. Agustín Grández Mariño.